El alcalde de Boiro (BNG) estudia instalar cámaras de videovigilancia en las calles de la villa de Barbanza

Uno de los últimos en apuntarse a ésta tendencia es Xosé Deira Triñanes, alcalde de Boiro por el BNG.

El pasado mes de Junio los hosteleros de la villa de Barbanza declaraban haber encontrado "receptividad’ en el regidor del BNG a su propuesta de colocar cámaras de videovigilancia policial en algunas de las principales calles de Boiro. Aunque el alcalde boirense exigió de los empresarios "que cumplan la normativa en cuanto al horario de cierre, instalación de doble puerta y control de ruido en el interior", declaró estar dispuesto a estudiar la iniciativa y examinar su viabilidad.

Las tres calles seleccionadas para la colocación de las cámaras son la Principal, la Avenida de la Constitución y la Plaza de la Mancomunidad, lugares donde se concentra cada fin de semana un número importante de vecinos de la comarca para disfrutar de su tiempo libre. Deira Triñanes no descartó solicitar "apoyo" a la Guardia Civil española y a Protección Civil para "controlar los desmanes de la movida".

BNG y políticas de "seguridad’

La extensa participación de las cámaras municipales del BNG en el desenvolvimiento de las políticas de seguridad que diseña la Delegación del gobierno en la Comunidad Autónoma Gallega no es de ahora. De la mano de lo que se ha dado en llamar "desarme ideológico nacionalista", los gobiernos locales del BNG aplican sin ningún tipo de reparos y sometiéndose a la falsa asepsia de términos como "seguridad ciudadana" y "alarma social" medidas que contribuyen al fortalecimiento del control social y del estado policial.

Desde el ofrecimiento de terrenos para la construcción de casas cuartel de la Guardia Civil hasta la asistencia a actos institucionales en los que, como el 12 de Octubre, se homenajea la presencia y actividades en nuestro País de los cuerpos represivos, pasando por la participación acrítica en la extensión de la videovigilancia social, la imposición de límites a la libertad de expresión en el ámbito municipal, las peticiones de mayor presencia policial, etc., etc., la práctica del nacionalismo institucionalista en las cámaras locales del País no presenta divergencias significativas con las líneas generales definidas por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Gallega.

Críticas

Aferrándose a la Ley de videovigilancia, el Movimiento por los Derechos Civiles viene de solicitar ésta semana a la cámara municipal boirense "que no instale cámaras de videovigilancia". Entiende la citada asociación que "debe primar siempre el derecho fundamental al honor, a la intimidad, y a la propia imagen" que se verían garantizados con el cumplimiento de la citada normativa.

El MpDC alega además que, según la ley española, apenas se podría restringir el derecho a la intimidad "en situaciones concretas para salvaguardar la seguridad ciudadana", una condición que no se cumple en modo alguno en la instalación de cámaras policiales en lugares de esparcimiento.

Control directo por las FSE

La responsabilidad estatal última en la extensión de la videovigilancia queda absolutamente definida por la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de Agosto. Esta normativa regula el uso de los citados ingenios en lugares públicos y encomienda el tratamiento de las imágenes grabadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE). La iniciativa comercial que estudia Xosé Deira Triñanes redundaría, por tanto, en un mayor control directo de la vida social del vecindario de Barbanza por parte de la Guardia Civil española.

Apuntar, además, que legalmente es la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Gallega quien autoriza en última instancia la colocación de las cámaras y que, hasta el día de hoy, las supuestas cualidades garantistas de la legislación española en ésta materia no impidieron ni modularon siquiera la expansión de la videovigilancia en los espacios públicos, institucionales, y comerciales del país, como demuestra su omnipresencia actual.

Más información: www.ceivar.org