Independentismo gallego, represión política y contexto

Lo más inmediato: La operación Jaro

La Guardia Civil inicia el 30 de octubre de 2015 una operación contra el independentismo gallego organizado consistente en la detención de nueve militantes, el registro de sus domicilios y la sede nacional de la formación independentista Causa Galiza, la sustracción de abundante documentación y la posterior conducción de los detenidos y la detenida en un cuartel madrileño donde estarán alrededor de 72 horas bajo una incomunicación parcial sin aplicación de la Ley Antiterrorista. En este tiempo, son interrogados políticamente de uno en uno por la Guardia Civil española.

Estas detenciones se producen de madrugada, asaltando los domicilios a punta de metralleta en operaciones en pelotón, o cuando los militantes se dirigían al trabajo. Con la puesta a disposición judicial en la Audiencia Nacional española, el juez Eloy Velasco decreta su libertad con cargos de “integración en organización terrorista” y “enaltecimiento del terrorismo”. Además, dicta la “suspensión de actividades” de Causa Galiza por dos años al valorar, según reproducen los medios, que es “el brazo político de Resistência Galega”, falacia que las detenidas niegan y carecen de credibilidad en la sociedad gallega.

A posteriori, tras el recurso de la defensa, el juez rebaja la “suspensión” de Causa Galiza a un año, que es una ilegalización de facto, y anuncia su prorrogabilitat. Además, Velasco convoca en el periodo preelectoral previo al 20D a los dirigentes del BNG Xavier Vence y Bieito Lobeira justificando la citación en la existencia de un acta de la organización independentista sobre un reunión mantenida con el BNG en 2013. Se investiga así un encuentro entre el BNG y otra organización política que, según Velasco, sería parte de un entramado organizativo ilegal. En este vaso, la intencionalidad de criminalizar todas las modalidades de nacionalismo gallego parece clara.

Liquidación del derecho de asociación

En este episodio represivo celebrado por el Delegado de Gobierno de España Santiago Villanueva y, más allá del juicio mediático y de la vulneración de la presunción de inocencia, revalida la política de cinturón sanitario, criminalización dura y persecución policial y penal que enfrenta históricamente el independentismo gallego. Además, aporta la novedad de eliminar manu militari una opción política. Este salto cualitativo es importante, porque extiende la aplicación de políticas penales de excepción de la militancia ilegal que tradicionalmente fue su destinataria exclusiva a la que desarrolla una actividad política pública y conocida.

Lo que en la actualidad está en cuestión es, por tanto, el derecho de la militancia gallega a organizar el proyecto independentista al margen de las grandes opciones nacionalistas con presencia y vocación institucional. Ahora, la procesada y los procesados sostienen un pulso jurídico en defensa del status quo previo a la operación y esperan el resultado final del proceso, de forma que se conozca si éste llega a juicio, con qué acusaciones finales y sobre cuántas personas.

Escasa credibilidad de la versión oficial y activación de la solidaridad

La Operación Jaro, en referencia probable al término cinegético que describe el acoso y caza de una pequeña presa, supuso reacciones dispares en Galiza. Si bien amplios sectores quedaron ajenos al operativo, o asumieron acríticamente la versión oficial, en esta ocasión el discurso que liga Causa Galiza a una supuesta “organización terrorista” fue recibido con escepticismo. Una prueba más de la falta de credibilidad del actual régimen constitucional español.

La condición pública de los detenidos y la detenida, su integración a los movimientos populares y sus respectivos entornos sociales, el hecho de que en muchos casos sean personas con larga trayectoria en la lucha política y la inexistencia de armas o explosivos en los domicilios provocaron una extensa sensación de montaje policial en sectores que, habitualmente, miran hacia otro lado ante este tipo de operaciones.

Así, después de la secuencia de declaraciones de los principales agentes sociales, sindicales y políticos del país -con el sindicato nacionalista CIG a la cabeza-, el 24 de enero casi mil personas salían a la calle contra la ilegalización ya favor de los “derechos civiles y políticos para todos y todas “. La cifra es limitada a la vista de la gravedad de lo sucedido, pero la altísima pluralidad ideológica y partidaria de la contestación revela el grado de deslegitimación del operativo a los sectores más dinámicos de nuestro pueblo y la creciente falta de confianza en este tipo de actuaciones.

Golpear nuestras organizaciones: Una constante represiva histórica

La Operación Jaro es, más allá de sus especificidades, una más de las operaciones policiales producidas en Galicia contra el independentismo organizado. Así, en 1975, la Brigada Politico-Social golpea a la UPG y detiene y encarcelado varios militantes y asesina su dirigente más destacado. En 1980, antes del referéndum estatutario, son 16 militantes de Galiza Ceibe (OLN) y PGP detenidos y torturados. En 1991, la dirección de la Assembleia do Povo Unido (APU) es atacada y en 2005 la Operación Castiñeiras pone en el punto de mira en la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) con 11 militantes secuestrados.

En todos los casos es el supuesto vínculo a la violencia política lo que ofrece la coartada para desplegar la máxima contundencia contra militantes y estructuras en el que el campo de actuación es legal. El objetivo no es otro que, primero, circunscribir el independentismo a una cuestión de orden público negando una cierta normalización como agente político nacional y abordando esto sólo por vías policiales, judiciales y carcelarias. En segundo lugar, fijar alrededor de esta propuesta política un cinturón sanitario que dificulte su expansión en un país con condiciones objetivas para una mayor introducción y fuerza social. De hecho, una reciente encuesta del diario español “La Voz de Galicia” sitúa próximo al 40% el porcentaje de gallegos y gallegas entre 18 y 34 años favorables a ejercer el derecho a la autodeterminación.

De alguna manera, el régimen que combate de una forma u otra todas las expresiones políticas, sociales y sindicales de construcción nacional, incluso cuando no disponen de una perspectiva estratégica de ruptura con España, trata de acondicionar por vía represiva la viabilidad de un proyecto independentista autónomo y, utilizando la fuerza, guía la militancia hacia operaciones reformistas que no tienen de voluntad estratégica de desconexión con el estado español.

Violencia independentista y militantes en prisión

La existencia de violencia política de signo independentista en la historia reciente de nuestro país es un fenómeno que se inició antes de la Transición al régimen actual y expresarse en sucesivos episodios. Su persecución y represión policial, penal y penitenciaria causó a lo largo de estos 40 años un continuum temporal en la presencia de presos y presas independentistas gallegos en las cárceles, pero también en la aplicación de medidas de excepción -tortura, tribunales especiales, gallegas en las cárceles, clasificación FIES-3, dispersión, vulneración de derechos básicos, etc- y en la denuncia correspondiente de estas vulneraciones de derechos y la solidaridad con las personas represaliadas que se alarga hasta hoy gracias a estructuras como el Organismo Popular Anti-represiva Ceivar que se constituye en 2003.

Actualmente, como resultado de la represión estatal de esta violencia, cinco independentistas gallegos y gallegas cumplen condenas de prisión a cientos de kilómetros de Galicia acusados de colaborar con o ejecutar acciones de la supuesta organización armada Resistência Galega. El objetivo de estas sería, según las sentencias de la Audiencia Nacional, “subvertir el orden constitucional” para avanzar hacia la independencia de Galicia. Sobre el hecho de si responden a iniciativas individuales, o en una lógica colectiva y organizada, se ha planteado en los últimos años un debate político-institucional, mediático e, incluso, judicial y policial, en el que los sectores españolistas y ciertos aparatos del Estado defendieron la existencia de una organización terrorista en Galicia que los sectores nacionalistas niegan.

Más allá de esta polémica, en 2013, la Audiencia Nacional española, cerraba la cuestión a efectos prácticos dictando la primera sentencia que estableció, jurídicamente, la existencia de un grupo armado independentista operativo en nuestro país. La reclamación llevada a cabo por la iniciativa de familiares y amigos de los presos y presas independentistas gallegas Que Rodeamos para a Casa! ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que revisara esta resolución, por tratarse de un juicio donde vulnerarse el derecho a la defensa, fue finalmente desestimada, confirmando por primera vez, a nivel legal, y más allá de debates políticos, la existencia de esta organización, e iniciando, probablemente, un nuevo paradigma en el abordaje represivo del independentismo gallego sintetizable con la consigna Todo es Resistência Galega a imitación del Todo es ETA aplicado en Euskal Herria y que tendría en la Operación Jaro una de sus expresiones más recientes.

Combinar represión de alta y baja intensidad y nuevo paradigma Todo es Resistência Galega

Tradicionalmente, las acciones policiales y las condenas judiciales de mayor peso están emparejadas a la represión de la violencia política. Aquí, el régimen español aplicó y aplica medidas como las reseñadas más arriba. Ahora, utilizando este nuevo concepto intencionalmente extenso de terrorismo, Madrid dibuja una represión en la que ya no sólo se trata de detener y castigar acciones ilegales – “Terrorismo” -, sino de atacar directamente la acción política independentista y la solidaridad antirrepresiva, en la que señala en diferentes sumarios judiciales, echando mano de la política conocida como Derecho Penal del Enemigo.

El paradigma Todo es ETA, que permitió ilegalizaciones, detenciones, torturas y encarcelamientos de vascas y vascos y dibujó “el entorno del terrorismo”, es probablemente importado ahora, a pequeña escala, con tempos y métodos adaptados a nuestro contexto , con Todo es Resistencia Galega, de forma que se amplían los márgenes de discrecionalidad policial y judicial. Este nuevo paradigma, que ya surgió experimentalmente en 2005 la Operación Castiñeiras pretende dificultar el desarrollo político-organizativo del independentismo y se combina con la omnipresente represión de baja intensidad basada en la extorsión económica y administrativa, los juicios, las pequeñas condenas acumulativas de prisión, la criminalización mediática, el pressing policial, las tentativas de infiltración, la violencia policial y, ahora, como broche cualitativamente superior, la amenaza de ilegalización para las organizaciones y de prisión por sus militantes.

Modelando el mapa político utilizando la represión

Se pretende así reducir y equiparar a terrorismo todo un movimiento sociopolítico que necesariamente está abocado a diversificar sus modalidades y ámbitos de actuación y, además, limitarlo a la autodefensa ante la represión, tratando de contener su crecimiento y rodear -el en un bucle imposible. Esta represión de baja intensidad acompañada de la aplicación sistemática del Derecho Penal del Enemigo, y de periódicos golpes policiales, sucede en una sociedad con altas tasas de desempleo y pauperización, con una conciencia nacional minorizada como resultado de su específico desarrollo histórico y socioeconómico, con clara hegemonía española a nivel social, político e institucional, y con sectores nacionalistas que, en su mayoría, apostaron por la vía estatutaria y ahora, se debaten entre apoyar la ficción de un proceso rupturista al Estado, o avalar la retórica soberanista formal que, en la práctica, sólo pretende la reforma del Estado Español.

En este escenario, la continuidad de un independentismo minorizado desde la Transición posibilitó, incluso bajo la intensa represión de que siempre fue objeto, su presencia social llegará a techos históricos y que una nueva generación reivindique hoy abiertamente la independencia nacional. No obstante, la asignatura pendiente es construir y consolidar un proyecto amplio e ilusionante y una estrategia para superar esta minorización social. El objetivo de la represión es, pues, imposibilitar ello, reducirse a un “problema de orden público”, y definir las opciones de lo posible a golpe de acción policial, juicios y cárcel. Aquí encuadramos nosotros la reciente Operación Jaro: invisibilizar la construcción de lo que es imprescindible y urgente.

Coletivo de Processadas y procesados na Operación Jaro
Ceivar (Organismo Popular Anti-represiva)