Altri: el 23F de un proyecto empresarial de traca

Cuando aún estamos bajo la resaca del 45 aniversario de la tentativa de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Proyecto Gama vivió la efeméride con sendos golpes al estado de sus expectativas a la hora de construir la fábrica de celulosa soluble más grande de Europa en A Ulloa (Palas de Rei, Lugo).

Pido disculpas por la extemporaneidad del símil, pero es que, en tal fecha del año 2025, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmaban que a Greenfiber -la sociedad promotora formada mayoritariamente por la pastera portuguesa Altri y Smarttia[1]- le eran denegados los 30 millones de euros que había solicitado en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización. Por si no fuese suficiente, un año después, el 23 de febrero de 2026, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmaba que el Gama estaba condenado a "decaer de forma definitiva".

Entre medias y posteriormente, aunque sin los disparos de Tejero para animar la mascletà, varios petardazos se sucedieron en un proyecto empresarial de traca que, poco a poco, se va desintegrando desde que se prendió la mecha hace un año.

Siete meses tras la denegación de los fondos del PERTE, se escuchaba un nuevo estallido cuando, el 23 de septiembre de 2025, el Ministerio de Transición Energética (Miteco) denegaba al Proyecto Gama la conexión a la red eléctrica Belesar-Mesón do Vento en el documento de la planificación estatal 2025-2030 (actualmente en trámite) y, por lo tanto, lo dejaba de facto sin suministro eléctrico para los 110 MW que precisa la planta. En esta ocasión, se trataba de un hecho con implicaciones más serias para los planes de Greenfiber ya que, la falta de conexión eléctrica imposibilita la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), requisito previo indispensable para que el Gama sea aprobado definitivamente como Proyecto Industrial Estratégico y se pueda proceder a su ejecución.

Casi medio año después, el 20 de febrero de 2026, la conselleira de Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, anunciaba el procedimiento de caducidad y archivo del proyecto, precisamente por quedar éste fuera de la planificación eléctrica estatal, decisión ratificada por el presidente Rueda, tal y como adelantamos al principio, coincidiendo con el 45 aniversario del 23F.

Sin apenas tiempo para reaccionar, el 25 de febrero conocíamos la noticia de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenciaba a favor de la asociación ecologista Adega, que había denunciado al Gobierno gallego por dejar desprotegidos sin justificación los terrenos en los que se pretende emplazar la fábrica de celulosa, que estaban inicialmente delimitados como zona de amortiguamiento de la ZEC[2] Serra do Careón, incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico.

Aunque se trata de noticias muy positivas para los colectivos y asociaciones que se oponen al Proyecto Gama, desde la Plataforma Ulloa Viva advirtieron que se deben tomar con la debida cautela, ya que no se puede cantar victoria en tanto la Xunta no deniegue definitivamente las pretensiones empresariales de Altri y Smarttia. Desde el día que la Xunta inició oficialmente el proceso de archivo anunciado por Lorenzana, Greenfiber dispondrá de tres meses para alegar y presentar, si lo tuviese, un suministro energético alternativo al contemplado inicialmente. En caso de que no lo presente se archivará definitivamente el proyecto; pero si lo presenta, la Xunta deberá adoptar una resolución al respecto. Fuese cual fuese la respuesta de Greenfiber, en ambos casos podrían interponerse recursos administrativos en contra de la resolución final del Ejecutivo autonómico y acabar el proceso en los tribunales.

La Plataforma Ulloa Viva valora positivamente el archivo del proyecto, pero exige su denegación

El mismo 23 de febrero en el que el presidente Rueda se pronunciaba sobre el inicio del archivo del Proyecto Gama, la Plataforma Ulloa Viva ofrecía una rueda de prensa en Palas de Rei para valorar esta decisión. Entre otros, hablaron los abogados Xoaquín Monteagudo y Pedro Trepat. Ambos advirtieron que el hecho de que la Xunta decidiese el archivo del expediente no implica su denegación y que, por lo tanto, se podría retomar en un futuro. Por este motivo, desde la plataforma se ponen como objetivo esa denegación. En este sentido, explicaron que una resolución administrativa como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se le concedió al Proyecto Gama en marzo de 2025, tiene seis años de vigencia y se podría incorporar y agilizar un futuro nuevo expediente si no ha transcurrido ese plazo para entonces. En cualquier caso, los letrados matizaron que trámites a los que la Xunta dio resolución positiva, como esta DIA, "están fundamentados en procedimientos inapropiados y datos inexactos y parciales" si atendemos a los estudios periciales e informes de entidades como la Universidade de Santiago de Compostela o el Consello da Cultura Galega.

Para los asesores legales de Ulloa Viva, el archivo deja "un margen de incertidumbre sobre la reactivación del proyecto y la conservación de ciertos trámites" por lo que "vamos a estudiar todas las vías para seguir atacando jurídicamente los restos vigentes de cara a forzar un cierre definitivo de esta cuestión". En este sentido, recordaron que, además de la AAI, también sigue pendiente la autorización de Augas de Galicia a la captación y vertido de aguas del embalse de Portodemouros solicitada por Greenfiber.

Más allá de los vericuetos legales, Juan Pedro Sánchez y Patricia Coucheiro, presidente y portavoz de Ulloa Viva, respectivamente, insistieron en que el Proyecto Gama no solo carece de base legal, sino que tampoco tiene el apoyo de la ciudadanía, tal y como demostraron las multitudinarias manifestaciones promovidas en su contra en villas y ciudades como Palas de Rei, Pobra do Caramiñal o Compostela. "Nosotros vamos a cumplir enterrando este proyecto", afirmó el presidente de la plataforma, "y pedimos al CEO de Altri, que dijo que la empresa no invertirá donde la población no los quiera, que cumpla también su palabra". Por su parte, Coucheiro demandó de la Xunta que "respeten nuestra voz, nuestra lucha y nuestro territorio. No necesitamos que nos salven, solo que apoyen al sector primario y respeten los deseos claros de la población afectada".

Una macrocelulosa para civilizar analfabetos en el Lejano Oeste

Por su parte y a pesar de los reveses sufridos, la Xunta parece seguir haciendo oídos sordos a estas peticiones. En una entrevista concedida al diario El Progreso, María Jesús Lorenzana redujo la amplia y transversal oposición ciudadana a una simple maquinación política de BNG y PSOE, y criticó sin paliativos la decisión del Miteco de no incluir el Proyecto Gama en la planificación eléctrica estatal. A juicio de la conselleira de Industria, esta decisión convertirá la provincia de Lugo y, en especial, las comarcas afectadas por el Proyecto Gama en una especie de yermo tercermundista:

"Dentro de diez años, cuando los vecinos de otras zonas se pregunten por qué es el Lejano Oeste, con cuatro negocios, apenas industria y la gente que se marcha, los sucesores políticos que han pedido al Gobierno dejar desconectada a Lugo, estoy segura que reclamarán públicamente, en el Parlamento y en todas las redes sociales, cómo es posible haberles dejado sin actividad industrial"[3].

Son declaraciones que siguen el tono iniciado por la propia empresa que, en 2024, en plena campaña promocional de su proyecto entre los aborígenes de la zona, no se le ocurrió otra cosa que ofrecerse como salvadora de una población -la de Palas de Rei, Santiso, Agolada y Melide- con un índice de analfabetismo que, al parecer, llegaba al 25%[4]. Poco más podemos esperar de una administración y una multinacional que porfían en defender un proyecto que amenaza con secar en períodos de estiaje el segundo río de Galicia, el Ulla, con una captación de 46 millones de litros diarios de agua; o que pone en peligro la supervivencia de varias especies botánicas endémicas en un espacio que debería estar legalmente protegido, a pesar de que a la Xunta se le olvidase incluirlo en la ZEC O Careón.

Por cierto, no sobra recordarles a tan bienintencionados salvapatrias que en este lejano oeste poblado por analfabetos operan, hoy en día, la mayor productora de huevos de gallina de Galicia (Campomayor) y la primera distribuidora de material deportivo de España (Jim Sports); que tanto Palas como Melide tienen una tasa de desempleo inferior al 7%, similar a la de comunidades tan atrasadas como Euskadi o Madrid; o que el Camino de Santiago, un bien patrimonial de valor incalculable que se vería seriamente afectado por la construcción de la macrocelulosa apenas a dos kilómetros de su trazado, es un motor económico que ya garantiza, por sí solo, cientos de puestos de trabajo con una oferta que supera las 3.000 plazas hoteleras si sumamos las dos localidades antedichas. Todo esto sin contar con el denso tejido de microempresas, y no tan micro, ligadas a los sectores primario y turístico que garantizan el mantenimiento de un medio rural vivo y que, sin duda, verían su actividad económica comprometida por el impacto de una industria pesada, extractiva y contaminante como la contemplada por el Proyecto Gama.

Por todo esto y mucho más, seguimos siendo miles de gallegos y gallegas quienes aguardamos expectantes por ese terratrèmol que ponga punto y final a una mascletà jalonada de multitudinarias acciones de desobediencia civil, decisiones administrativas y sentencias judiciales que, aunque sus responsables empresariales y políticos se empeñen en negarlo, indican inequívocamente que este proyecto empresarial de traca está abocado a su total desintegración y fracaso.

----

Notas

[1] Smarttia es el holding del empresario gallego Manuel García Pardo, conocido por ser accionista mayoritario (94%) de la energética Greenalia, dirigida por ex-altos cargos del Partido Popular como Antonio Couceiro, ex-conselleiro de Industria, o Beatriz Mato, ex-conselleira de Medio Ambiente.

[2] Zona de Especial Conservación.

[3]María Jesús Lorenzana: "Pontón y Besteiro condenan a Lugo con su oposición a Altri. Xavier Lombardero. El Progreso, 22/02/26.

[4]Altri considera no seu informe que o 25% da poboación de Palas de Rei é analfabeta. María Montero. Nós Diario. 27/07/24.

* Miembro de la Plataforma Ulloa Viva Fuente: Sin Permiso